El fervor electoral no baja su temperatura y la candela mediática mantiene la atención sobre la agenda pública, en el debate populachero sobre la revocatoria por incapacidad para alcaldes recién elegidos en las últimas elecciones municipales del 2010.
La Revocatoria y la incapacidad
Como hasta ahora presumimos saber, es un derecho del ciudadano que se da al finalizar el primer año de cumplirse una gestión municipal, para defendernos de la inmoralidad y también de la incapacidad de nuestras autoridades.
"La incapacidad, tiene un significado amplio y relativo que se puede emplear como una causal, pero que no admite otra realidad que la del sujeto pensante; es decir, varía con los gustos de los que se oponen y proponen la idea, de lo que es bueno o malo para si mismo".
De aprobarse la revocatoria, el ciudadano tendría que decidir si reprueba a las recién nombradas autoridades, sin calcular que también el uso y abuso de este derecho, podrían finalmente perjudicarlos. Todo esto, debido a apasionamientos no superados de los que perdieron en la última elección. Se corre el riesgo de establecer la ingobernabilidad. Por esta razón, es ilógico que en una consulta popular, se plantee la incapacidad de un gobierno recientemente instalado.
Después de una meditación pre-electoral y una vez resuelta la elección, nadie podría oponerse a un período de tregua para determinar, si la gestión ha sido buena o mala de aquellos gobiernos locales que tienen solo un año de iniciarse, porque los beneficios de una nueva administración con proyectos a largos plazos, serian muy difíciles de mostrar, limitándose a no poder satisfacer a una mayoría en tan poco tiempo. Ejemplos:
En Lima y en Barranco
En nuestra flaca democracia de Pericles, siempre hay personas con ánimos de sacar provecho personal, y utilizar a su libre albedrío la ley para favorecerse. Ellos, han venido preparándose con alevosía y premeditación, sin medir las consecuencias de sus actos, que como repetimos, pueden ser finalmente perjudiciales para el desarrollo de la ciudad.
Marco Tulio, que ejerció de abogado especialista en temas municipales durante la gestión del ex-alcalde Castañeda, y quiere ahora revocar a la alcaldesa Susana Villarán valiéndose del subjetivismo chismorreo limeño. Además este descarado y ex-proveedor de Castañeda Lossio, financieramente cuenta con la capacidad de organizar personal y ofrecer festivales a cambio de una rúbrica en su planillón, lo que hace suponer y preguntarnos, ¿de cual de los tantos y dudosos "comunicores" saldrá la plata para costearlo?.
En Barranco, uno de los que proponen la idea, es su ex-candidato César Hurtado; él parece actuar por cuenta propia, pero fue uno más de los que perdieron en las elecciones pasadas, y con ese resentimiento ahora propone con desparpajo la revocatoria, además se dice así mismo para tranquilizar su conciencia, que de aprobarse la revocatoria no le parecería “idóneo” volver a postular a la alcaldía barranquina, es decir, que este sujeto es capaz de lanzar la piedra, pero hacerse de la vista gorda para cuando los aturdidos barranquinos tengan luego que pagar los vidrios rotos. El no le garantiza a nadie, si después de armar el bolondrón y ocasionar el despilfarro público, encarrile a su distrito hacia un final más incierto del que ya está sembrando en ex-trabajadores ediles y comerciantes informales... y/o entregarle el plato servido a su ácido contendor, el ex-alcalde Antonio Mezarina, que también perdió en la misma elección por cien votos ante el actual mandato de Jessica Vargas.
NO a la revocatoria sin fundamentos
Un gobierno municipal, debe durar lo que la ley establece. Una revocatoria premeditada, no solo alarga el plazo para ver los resultados de una gestión, sino es dañina y significa un retroceso en el sistema para fortalecer a los nuevos gobiernos que recién empiezan. Solo debe convocarse en caso evidente e inmoral, extremo y de urgencia.
Seria bueno que los derechos del ciudadano, también contemplen su defensa de aquellos que jocosamente atentan contra su estabilidad sin asumir ninguna responsabilidad, y que antes de armar la tole intentando de manipular la voluntad popular, tengan la coherencia y abnegada forma de demostrar con pruebas sólidas y oportunas sus fundamentos.
La Revocatoria y la incapacidad
Como hasta ahora presumimos saber, es un derecho del ciudadano que se da al finalizar el primer año de cumplirse una gestión municipal, para defendernos de la inmoralidad y también de la incapacidad de nuestras autoridades.
"La incapacidad, tiene un significado amplio y relativo que se puede emplear como una causal, pero que no admite otra realidad que la del sujeto pensante; es decir, varía con los gustos de los que se oponen y proponen la idea, de lo que es bueno o malo para si mismo".
De aprobarse la revocatoria, el ciudadano tendría que decidir si reprueba a las recién nombradas autoridades, sin calcular que también el uso y abuso de este derecho, podrían finalmente perjudicarlos. Todo esto, debido a apasionamientos no superados de los que perdieron en la última elección. Se corre el riesgo de establecer la ingobernabilidad. Por esta razón, es ilógico que en una consulta popular, se plantee la incapacidad de un gobierno recientemente instalado.
Después de una meditación pre-electoral y una vez resuelta la elección, nadie podría oponerse a un período de tregua para determinar, si la gestión ha sido buena o mala de aquellos gobiernos locales que tienen solo un año de iniciarse, porque los beneficios de una nueva administración con proyectos a largos plazos, serian muy difíciles de mostrar, limitándose a no poder satisfacer a una mayoría en tan poco tiempo. Ejemplos:
En Lima y en Barranco
En nuestra flaca democracia de Pericles, siempre hay personas con ánimos de sacar provecho personal, y utilizar a su libre albedrío la ley para favorecerse. Ellos, han venido preparándose con alevosía y premeditación, sin medir las consecuencias de sus actos, que como repetimos, pueden ser finalmente perjudiciales para el desarrollo de la ciudad.
Marco Tulio, que ejerció de abogado especialista en temas municipales durante la gestión del ex-alcalde Castañeda, y quiere ahora revocar a la alcaldesa Susana Villarán valiéndose del subjetivismo chismorreo limeño. Además este descarado y ex-proveedor de Castañeda Lossio, financieramente cuenta con la capacidad de organizar personal y ofrecer festivales a cambio de una rúbrica en su planillón, lo que hace suponer y preguntarnos, ¿de cual de los tantos y dudosos "comunicores" saldrá la plata para costearlo?.
En Barranco, uno de los que proponen la idea, es su ex-candidato César Hurtado; él parece actuar por cuenta propia, pero fue uno más de los que perdieron en las elecciones pasadas, y con ese resentimiento ahora propone con desparpajo la revocatoria, además se dice así mismo para tranquilizar su conciencia, que de aprobarse la revocatoria no le parecería “idóneo” volver a postular a la alcaldía barranquina, es decir, que este sujeto es capaz de lanzar la piedra, pero hacerse de la vista gorda para cuando los aturdidos barranquinos tengan luego que pagar los vidrios rotos. El no le garantiza a nadie, si después de armar el bolondrón y ocasionar el despilfarro público, encarrile a su distrito hacia un final más incierto del que ya está sembrando en ex-trabajadores ediles y comerciantes informales... y/o entregarle el plato servido a su ácido contendor, el ex-alcalde Antonio Mezarina, que también perdió en la misma elección por cien votos ante el actual mandato de Jessica Vargas.
NO a la revocatoria sin fundamentos
Un gobierno municipal, debe durar lo que la ley establece. Una revocatoria premeditada, no solo alarga el plazo para ver los resultados de una gestión, sino es dañina y significa un retroceso en el sistema para fortalecer a los nuevos gobiernos que recién empiezan. Solo debe convocarse en caso evidente e inmoral, extremo y de urgencia.
Seria bueno que los derechos del ciudadano, también contemplen su defensa de aquellos que jocosamente atentan contra su estabilidad sin asumir ninguna responsabilidad, y que antes de armar la tole intentando de manipular la voluntad popular, tengan la coherencia y abnegada forma de demostrar con pruebas sólidas y oportunas sus fundamentos.
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